Buena noticia para Anthropic y un jarro de agua fría para el Pentágono: un juez federal concedió una medida cautelar preliminar en la demanda de la empresa, lo que deja en suspenso la designación como "riesgo en la cadena de suministro" mientras avanza el proceso judicial. La orden entrará en vigor en siete días.

¿Por qué se llegó hasta aquí?

Todo arrancó con un memo del secretario de Defensa, Pete Hegseth, del 9 de enero, que exigía que en los contratos de servicios de IA se incluyera una cláusula de “cualquier uso legal” en 180 días, aplicable incluso a contratos ya firmados. Anthropic, que desarrolló el modelo Claude, discutió con el gobierno y dejó claras dos líneas rojas: no quiere que su tecnología se use para vigilancia masiva doméstica ni para armas autónomas letales (sistemas capaces de seleccionar y atacar objetivos sin intervención humana).

Las negociaciones se calentaron. Hubo intercambio de ataques en redes sociales, la rara decisión de catalogar a una compañía estadounidense como riesgo en la cadena de suministro, otras empresas de IA haciendo ofertas a clientes y, finalmente, la demanda de Anthropic.

Lo que dijo el juez

La jueza Rita F. Lin escribió que los documentos del Departamento de Guerra muestran que Anthropic fue señalado por su “modo hostil a través de la prensa”, y añadió que castigar a la empresa por señalar públicamente la postura del gobierno es una forma clásica de represalia ilegal bajo la Primera Enmienda.

En la audiencia la jueza señaló que no tiene que decidir quién tiene la razón en la discusión sobre seguridad y usos de la IA. Pero sí preguntó si el gobierno se pasó al ir más allá de simplemente elegir otro proveedor: “¿Violó el gobierno la ley cuando fue más allá de eso?”

Reacciones y efectos prácticos

  • Anthropic dijo estar agradecida por la decisión del tribunal y afirmó que su objetivo sigue siendo colaborar con el gobierno para garantizar una IA segura y fiable.
  • La designación como riesgo en la cadena de suministro, inusual para una empresa estadounidense, provocó inquietud política y empresarial por su posible efecto punitivo contra quienes discrepan del gobierno.
  • Según documentos judiciales de Anthropic, socios y clientes contactaron a la compañía expresando confusión y preocupación por su capacidad de seguir trabajando con ella. La empresa afirma que podrían estar en riesgo entre cientos de millones y varios miles de millones en ingresos, según cómo se aplique la prohibición.

Preguntas incómodas en la sala

Durante la vista la jueza planteó escenarios concretos para aclarar el alcance de la directiva que había circulado en redes por parte del secretario Hegseth y que decía que, de forma inmediata, ningún contratista del ejército podría hacer negocios con Anthropic. La jueza incluso puso un ejemplo pintoresco: si soy un contratista que vende papel higiénico al ejército, ¿me van a despedir por usar Anthropic fuera del trabajo con el Departamento? La respuesta del representante del Departamento de Guerra fue que, para trabajos ajenos al departamento, esa era su interpretación.

En cambio, cuando la jueza preguntó por un contratista que presta servicios de TI al Departamento pero no en sistemas de seguridad nacional, no obtuvo una respuesta clara.

Acusaciones cruzadas sobre control y sabotaje

En sus escritos, el Departamento de Defensa sugirió que Anthropic podría intentar alterar o desactivar su tecnología durante operaciones bélicas si el gobierno se acercara a las llamadas líneas rojas, lo que el Pentágono consideró un riesgo inaceptable. La jueza pidió evidencia: ¿qué documentos muestran que Anthropic tendría acceso continuo o control sobre Claude después de entregarlo al gobierno, como para llevar a cabo ese tipo de acciones?

Un abogado de Anthropic afirmó en la audiencia que la directiva les está causando un daño irreparable.

¿Y ahora qué?

La medida cautelar mantiene el estatus quo mientras el tribunal decide el fondo del asunto, así que habrá que esperar semanas o meses para un fallo definitivo. Lo que está claro es que el caso plantea preguntas importantes sobre libertad de expresión, control gubernamental sobre proveedores tecnológicos y hasta dónde puede llegar una administración para condicionar el acceso a contratos públicos.

En resumen: por ahora Anthropic respira, el Pentágono tendrá que explicar mejor sus decisiones, y el tribunal quiere pruebas si el gobierno realmente cree que la empresa puede interferir con la tecnología entregada en un contexto de defensa.