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Los gravámenes prometidos como una victoria para la industria acabaron elevando los precios, presionando a los hogares y dejando a las familias de renta baja como las más perjudicadas.
El movimiento Stop Killing Games se reunió con miembros de la Comisión Europea para pedir que la reforma conocida como Digital Fairness Act incluya protecciones contra que compañías hagan injugables los juegos comprados. Según los organizadores, la recepción fue mixta: apoyo claro de algunos, objeciones legales de otros. Es el inicio de un proceso largo y de presión ciudadana.