El Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó en 2018 que las fuerzas de seguridad deben obtener una orden judicial para conseguir datos de ubicación de proveedores de telefonía móvil. Sin embargo, existe otra ruta: los intermediarios de datos venden información que, en la práctica, también puede servir para rastrear a personas, y agencias federales la están comprando.

La regla del Tribunal Supremo y la vía alternativa

La decisión de 2018 obligó a pedir una orden para solicitar datos de ubicación directamente a las compañías telefónicas. Aun así, los corredores de datos compran y revenden grandes volúmenes de información comercialmente disponible, y esa misma información está al alcance de agencias que deciden pagar por ella.

La propuesta para exigir órdenes judiciales

Varios legisladores quieren cerrar esa vía alternativa. El 13 de marzo, los senadores Ron Wyden y Mike Lee presentaron el Government Surveillance Reform Act, que requeriría que las agencias federales de seguridad e inteligencia obtengan una orden judicial antes de comprar información personal de ciudadanos estadounidenses.

Apoyos y alcance

  • El proyecto tiene un equivalente en la Cámara de Representantes presentado por Zoe Lofgren y Warren Davidson.
  • Los defensores del proyecto advierten sobre el riesgo de que la inteligencia artificial explote grandes conjuntos de datos privados, lo que aumenta la intrusión en la vida personal sin supervisión judicial.

Ron Wyden dijo en la audiencia: Hacer eso sin una orden es una salida escandalosa a la Cuarta Enmienda; es especialmente peligroso dado el uso de la inteligencia artificial para revisar enormes cantidades de información privada.

La defensa de las compras de datos

En la misma audiencia, el presidente del comité, Tom Cotton, defendió que la información sea adquirida cuando es comercialmente disponible. Dijo que si cualquiera puede comprar esos datos y su uso ayuda a localizar a delincuentes peligrosos, él esperaría que el FBI los utilizara para proteger a la población.

Tom Cotton afirmó: Las palabras clave son comercialmente disponible. Si cualquier otra persona puede comprarlo, y el FBI puede comprarlo, y ayuda a localizar a un pederasta o a un líder de cártel, espero que el FBI haga todo lo posible para mantener a los estadounidenses seguros.

El director de la Agencia de Inteligencia de Defensa, James Adams, también confirmó ante los senadores que su agencia adquiere información que está disponible comercialmente.

Qué está en juego

La discusión enfrenta dos prioridades: la protección de la privacidad y las herramientas disponibles para la seguridad pública. El proyecto de ley busca que, incluso cuando la información se venda en el mercado, las agencias federales necesiten una orden judicial para comprarla, lo que introduciría una supervisión adicional en el uso de esos datos.

El debate continúa en el Congreso mientras se ponderan los riesgos de vigilancia sin órdenes y las necesidades de las agencias para investigar delitos graves.